Ningún pibe nace chorro

Una reflexión sobre la posibilidad de la baja de la imputabilidad de menores en la Argentina

Ningún pibe nace chorro… pero muchos vienen al mundo con el estigma de la pobreza. Los niños no nacen iguales. Ya no lo son en el vientre de la mamá.

Me pregunto, ¿por qué los menores que cometen delitos están bajo la línea de la pobreza? ¿Por qué no delinquen quienes asisten regularmente a la escuela, comen bien, duermen de modo adecuado, practican deportes, participan de fiestas? Estos niños nunca durmieron a la intemperie, no vieron de cerca un arma, no tienen familiares o vecinos en la cárcel.

Ante un problema serio que emerge, se propone una solución espasmódica: adelantar la edad de ingreso a la unidad penal. Como si fuera un camino corto que resuelve el problema pero sin ir a la raíz. Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado.

Es llamativo que se busque penar los delitos en los cuales los menores son parte activa, y poco se proponga en las violaciones a la ley en las que los menores son víctimas, como la trata de personas. Son cientos los secuestrados anualmente para la explotación laboral y sexual, o la venta de órganos.

Es urgente modificar el mecanismo perverso en el cual “el primer trabajo” es delictivo. Las primeras zapatillas de marca se obtienen por el robo o son compradas con dinero proveniente del narcomenudeo. Pensemos, ¿abandonaron la escuela o la escuela los abandonó a ellos? El Estado desertó de sus responsabilidades. Es inmoral que niños, niñas, adolescentes estén fuera del sistema educativo, fuera del sistema de salud, sin plazas para jugar, privados de playones deportivos, clubes, talleres de teatro o música, capacitaciones de oficios.

La preocupación ante las cifras sobre analfabetismo y retraso escolar en la Argentina fue expresada por todo el arco político: la mitad de los alumnos del primario no alcanza el nivel de lecto-comprensión adecuado para su edad; los alumnos de 6° grado no llegan al 70% en ese mismo ítem; sintetizando: 7 de cada 10 niños argentinos no comprenden los textos que leen; el 54% de quienes ingresan al secundario se gradúa; menos de 2 de cada 10 lo hacen en tiempo y forma. Estos números son indicadores de gravedad concreta.

Los sacerdotes y los equipos de trabajo en los barrios más pobres dicen con certeza que promueven tres C: colegio, capilla y club, para liberarlos de las dañinas tres C: calle, cárcel y cementerio.

También es cierto que no podemos generalizar. No todos los que no terminan la escolaridad son delincuentes. Incluso debemos reconocer que los adultos responsables de graves hechos de corrupción y organización criminal han estudiado en escuelas privadas -incluso católicas- y tal vez realizaron estudios universitarios. Conducen autos de alta gama y contratan a los mejores abogados.

En algunas barriadas, el narcoestado estuvo (y está) más presente en la organización social que el propio Estado argentino. Cuando se habla de integración socio-urbana de los barrios populares no se trata de cuestiones edilicias aisladas sino de propuestas que comprenden todos los espacios que componen un barrio. ¿Dónde está el problema? ¿En el menor que delinque o en las ausencias permanentes de las Instituciones para llegar a tiempo? ¿El único camino ante esta situación es bajar la edad de imputabilidad y el encierro? Sabemos que en contexto de cárcel no se logran avances significativos en los procesos de desarrollo personal.

No se trata tampoco de proponer la impunidad y la anomia. La aplicación de los principios de la Justicia restaurativa es un camino más adecuado y con buenos niveles de resultados favorables. Es importante que quienes delinquen siendo menores de edad se hagan cargo de sus acciones.

Es necesario también promover condiciones para prevenir el delito juvenil, y esto es responsabilidad de cada familia, de las diversas instituciones de la sociedad, y principalmente del Estado.

Se piensa gastar más dinero en construir más cárceles o dependencias para bajar la edad de imputabilidad e ingresar a menores desde los 13 años, pero no se propone invertir en espacios de prevención. Es importante que los bienes confiscados al crimen organizado sean dedicados a promover espacios de crecimiento y desarrollo adecuado de niños, niñas y adolescentes.

¿No sería más beneficioso ser más estrictos con el crimen organizado por adultos, y que se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad en algunos barrios y captan menores para el delito? ¿Qué se propone para penar a los adultos que ponen un arma en manos de un menor?

Hace falta dedicar más docentes, más personal de salud, más trabajadores sociales, en los barrios más vulnerables. Más redes de contención y desarrollo que aseguren estimular el ascenso social, y no enjabonar el tobogán que lleva al infierno.

Tarde nos acordamos de los olvidados. Ya lo advertía hace siglos el profeta Oseas: “Siembran vientos, cosecharán tempestades”. (Oseas 8, 7)

El autor es arzobispo de San Juan de Cuyo y miembro del Dicasterio de la Comunicación

Jorge Eduardo Lozano